LA VIVIENDA Y SEGURIDAD

El derecho a la vivienda tiene en nuestro país profundas raíces históricas. La Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción XII, estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.
En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para brindar seguridad social a los trabajadores, aunque en sus inicios, también proporcionó vivienda a sus derechohabientes.
Cuando México entró en una etapa de urbanización y de desarrollo industrial más avanzada, se crearon los principales organismos nacionales de vivienda. En 1963, el Gobierno Federal constituye en el Banco de México, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi), como una institución promotora de la construcción y de mejora de la vivienda de interés social, para otorgar créditos a través de la banca privada.
Hasta la década de los ochenta, el eje de la política de vivienda había sido la intervención directa del Estado en la construcción y financiamiento de vivienda y aplicación de subsidios indirectos, con tasas de interés menores a las del mercado. En la primera mitad de la década de los noventa, se inició la consolidación de los organismos nacionales de vivienda como entes eminentemente financieros.
el concepto de seguridad social en México incluye una amplia gama de prestaciones que van desde la preservación de la salud hasta la protección del salario y, especialmente, los apoyos para que los trabajadores consoliden su patrimonio y logren un lugar digno para vivir que permita, además, el sano desarrollo familiar.
Dentro de esta vasta concepción de los beneficios sociales, y para acrecentar los apoyos proporcionados por el Estado a los servidores públicos, en 1973 se creó, como parte fundamental del ISSSTE, un fondo encargado de administrar las aportaciones destinadas especialmente a la compra de una vivienda, acorde a sus necesidades.